En contraste
con lo ocurrido en los últimos cinco años, la
Auditoría Superior de la Federación omitió los nombres de las empresas fantasma
utilizadas para desviar recursos públicos a través del esquema conocido como La
Estafa Maestra.
Estas empresas fueron
subcontratadas en 2017 por tres universidades y una empresa pública estatal de
radio y televisión para cumplir con supuestos servicios solicitados por las
secretarías de Desarrollo Territorial (SEDATU) y de Agricultura (Sagarpa),
aunque estos servicios en realidad no fueron proporcionados.
En las
auditorías realizadas desde 2012 y hasta 2016 en las que detectó este esquema
de presunto desvío, la ASF había
publicado los nombres de las empresas, pero por primera vez sólo las enumera y
se refiere a ellas como “personas morales”.
Dicha omisión se observó en el Tercer
Informe de Cuenta Pública de 2017, entregado este miércoles a la Cámara de
Diputados, y el primero elaborado en la administración del nuevo auditor, David
Colmenares, quien inició funciones en marzo de 2018 en sustitución de Juan
Manuel Portal.
En el Informe
se comprueba que el gobierno de Enrique
Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como
La Estafa Maestra y mediante el cual más de 351 millones de pesos de dinero
público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que
encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como
titular.
Dichas dependencias utilizaron en
2017 a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el
Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de
Hermosillo (Telemax), y cada una subcontrató a empresas que no hicieron los servicios
porque, en algunos casos, ni siquiera existían, según determinaron las
auditorías.
Animal
Político solicitó este jueves a la
Auditoría una entrevista para conocer los criterios por las cuales decidieron
omitir los nombres de las compañías, pero no hubo respuesta.
Muna Dora Buchahin, ex auditora general del área de
Auditoría Forense de la ASF y quien encabezó las investigaciones de 2013 y 2014
que sirvieron de punto de partida para la investigación periodística La Estafa
Maestra, aseguró que ocultar los nombres
de las empresas significa un “retroceso” en la Auditoría porque “la omisión
abona a la impunidad” y esta decisión es “un inhibidor en la rendición de
cuentas y una censura hacia los ciudadanos”.
El criterio que ella y su equipo
utilizaron en años anteriores para hacer público el nombre de las empresas fue
preponderar los principios de máxima publicidad y transparencia establecida en
la Constitución pues “todo lo que toca el gobierno se vuelve público”, explicó a Animal Político.
La
exfuncionaria afirma que los ciudadanos
tienen derecho a información clara, completa, oportuna y accesible sobre las
actividades mediante las cuales se ejercen recursos públicos y “los
funcionarios públicos no tenemos el derecho subjetivo de decir qué reservo y
qué no. Tenemos la obligación de dar publicidad a los actos relacionados con
nuestras atribuciones e informar nuestros hallazgos”.
Dar a conocer el nombre de las
empresas no viola ningún derecho a la intimidad ni datos personales porque se
trata de compañías que realizaron actos con la administración pública y “no son
actos entre particulares”, aseguró Buchahin.
Además, los informes de auditoría no son
investigaciones penales, por lo que argumentar que dicha información forma
parte de actos judiciales que pudieran ser afectados no sería válido,
advierte Buchahim.
Aunque Buchahin encabezó las
auditorías que evidenciaron la presunción de delitos y que originó 22 denuncias
penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por este
esquema de desvío, fue separada del cargo el 23 de mayo de 2018, dos meses
después de la administración del nuevo auditor argumentando un supuesto
“conflicto de interés” por parte de la funcionaria.
Sin embargo,
Buchain aseguró en una carta que su
separación fue “tan sorpresiva como improcedente”, por lo que pedía las razones
precisas para separarla del cargo.
La Transparencia.
La Auditoría es un organismo autónomo
técnico de la Cámara de Diputados, por lo tanto es a la entidad que debe
responder. El diputado Tonatiuh Bravo, integrante de la comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, que recibió el Informe este miércoles, dijo que pidió
explicación a los funcionarios de la Auditoría respecto al cambio en la
presentación de los informes, pero tampoco respondieron.
En
entrevista con Animal Político, el
diputado de Movimiento Ciudadano aseguró que insistirán en el tema para conocer
las razones, porque debería privar la transparencia “una vez que se concluye la
investigación y se tiene un límite de presunto y se tiene una mínima de
corroboración, debe comunicarse”.
Marco
Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en la organización México
Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Tec de Monterrey, aseguró
que el nombres de las empresas “debe ser público” porque así lo establece la
Ley General de Transparencia y de las disposiciones generales de Compranet.
En el artículo 6 de la Ley General de
Transparencia se establece que el Estado “garantizará el efectivo acceso de
toda persona a la información en posesión de cualquier entidad”, incluyendo a
“cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades
Federativas y los municipios”.
Mientras que
el artículo 115 mandata que “no podrá
invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada
con actos de corrupción”. Sólo puede
considerarse como información confidencial los datos personales, los secretos bancario,
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal (…) o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos”.
Incluso, el
investigador Marco Fernández sostiene
que los convenios entre las dependencias y universidades deberían publicarse en
el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet), toda
vez que en los lineamientos se establece que es publicar en dicho sistema “los
datos de los contratos y los convenios modificatorios” realizados entre las
entidades de gobierno.
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