Por Jorge
Zepeda Patterson.
El lema “primero los pobres” con el
que López Obrador llegó a Palacio Nacional ha provocado un efecto expansivo en
las aspiraciones de la clase trabajadora. Sindicatos, gremios y comunidades le
están tomando la palabra y comienzan a actuar en consecuencia. En las últimas
semanas la CNTE, el sindicato disidente de maestros decidió resolver de una vez
por todas las muchas reivindicaciones pendientes, los sueldos atrasados y bonos
retenidos por las autoridades del Gobierno de Michoacán. La vía de presión ha
sido poco menos que una pistola en la sien sobre la economía de la región, al
bloquear vías de ferrocarril y algunas carreteras, oficinas públicas, bancos y
la suspensión total de clases. La negativa tajante de parte del Gobierno
federal de evitar el uso de la fuerza para liberar los bloqueos y su
disposición para ayudar económicamente al gobernador está permitiendo, todo
indica, resolver pacíficamente el conflicto. Al menos en esta ocasión.
El problema es que habrá muchas otras
ocasiones y esto apenas comienza. Una porción de la industria maquiladora en el
norte está paralizada por el estallido de huelgas con pliegos petitorios de
incremento salarial hasta por 20 por ciento. La CNTE en Oaxaca ya comenzó a
bloquear caminos para exigir la resolución de sus agravios. No es un escenario
improbable que el país se convierta en un territorio minado por un sin fin de
conflictos. El descalabro puede ser prohibitivo para una economía que ya de por
sí difícilmente crecerá de acuerdo a las expectativas o las necesidades de la
población. Por no hablar de la crisis política que puede generar el riesgo de
un enfrentamiento violento o simplemente por la exasperación de la iniciativa
privada ante el bloqueo reiterado de sus negocios y propiedades (desde fuga de
capitales hasta el boicot fiscal y económico, por no hablar de acciones más
siniestras).
Para muchos lo único que puede evitar
bloqueos y huelgas es el endurecimiento de las leyes y, sobre todo, la
intervención del Gobierno para impedir por la fuerza tales incidentes. Pero
está claro que esa no es una alternativa para López Obrador. Me parece que
tiene razón. Y por varios factores.
Primero, porque los motivos de los sectores populares
son legítimos. En efecto, a lo largo de los últimos lustros los trabajadores
han perdido poder adquisitivo. El crecimiento anual del PIB per cápita ha sido
menor al 1 por ciento (0.9), pero eso solo es una parte de la tragedia. Lo peor
es que ese crecimiento no ha sido “per cápita”, porque en realidad el grueso se
acumula en la cúspide de la pirámide social, en determinadas regiones y en los
sectores punta. Puede parecer excesiva la petición de un incremento al salario
de 15 o 20 por ciento por parte de los trabajadores de la maquila cuando
tenemos tasas de inflación de 5 por ciento, pero es una exigencia que intenta
reparar rezagos acumulados a lo largo de varios años.
Segundo, esos sectores entienden que hay un cambio
en la correlación de fuerzas que les permite, por fin, plantear esos reclamos.
Las expectativas generadas por un Gobierno que se declara a favor de los pobres
no pueden ser desinfladas por un simple llamado a la paciencia. Antes incluso,
durante el sexenio de Peña Nieto, muchas comunidades mostraban ya un alarmante
nivel de exasperación, en ocasiones violento, fruto de la frustración
acumulada. Tal impaciencia se ha acentuado como resultado de las expectativas
de cambio del Gobierno de la 4T. Los que se sienten oprimidos o vejados ya no van
a seguir esperando. En ese sentido, reprimir por la fuerza los intentos que
realicen para conseguir lo que consideran es su derecho, puede provocar una
violencia social de pronóstico reservado. Habría que entender que el voto
mayoritario por López Obrador es la expresión pacífica de esa impaciencia por
parte de la mayoría; si no se reacciona a ella la siguiente expresión no será
tan pacífica.
Quizá haya llegado el momento de que
el resto de la sociedad civil, la iniciativa privada, las clases medias y altas
nos preguntemos qué podemos hacer para resolver las causas del malestar y no
solo pedir mano dura para reprimir las expresiones de ese malestar.
El Gobierno
de López Obrador ha terminado por
destapar una caja de Pandora que ya se había resquebrajado. Necesitamos ahora
encararla todos juntos. Una mejor distribución del ingreso, un incremento en el
poder adquisitivo de los muchos provocaría un aumento del mercado interno y por
ende un círculo virtuoso para promover la producción y el empleo. Lo que está
claro es que no podemos sostener por la fuerza una situación que en la práctica
excluye a tantos (la mayor parte de la población económicamente activa trabaja
ya en el sector informal).
Pero el Gobierno tendría que
convencer a todos de que la rebatinga perjudica al conjunto. La cifra de los
daños causados por el bloqueo de la CNTE es varios miles de millones de pesos
superior a los recursos que los maestros exigen. El reto mayúsculo que enfrenta
López Obrador es concitar la voluntad de los que tienen y los que no tienen
para reparar el daño histórico sin que en el proceso de hacerlo nos provoquemos
todos un mayor quebranto.
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