La bancada de Morena alista, una vez
aprobada la reforma constitucional respectiva, la presentación esta misma
semana de la iniciativa para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La iniciativa, que presentará el
coordinador Ricardo Monreal, consta de 78 artículos, divididos en cinco
títulos, y tiene el propósito de regular la extinción de dominio de bienes a
favor del Estado.
Está reglamentación busca no sólo
revertir la crisis de inseguridad que aqueja al país, también se plantea la
reparación del daño a las víctimas de los delitos a los que aplica esta figura.
“El objetivo es brindar una
legislación actualizada, y más efectiva, para eliminar obstáculos
procedimentales y desapoderar a organizaciones o individuos de recursos
patrimoniales que utilizan para delinquir”, se señala.
La
presentación de dicha iniciativa con proyecto de decreto se da luego de que el
Congreso de la Unión emitiera, como resultado del consenso, la declaratoria de
reforma constitucional relativa al proyecto de decreto por el que se reforman
el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución, en materia
de extinción de dominio.
El artículo segundo transitorio del
decreto establece el plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia del
mismo para que el Congreso expida la legislación nacional única en materia de
extinción de dominio.
“A través de la expedición de la Ley
Nacional de Extinción de Dominio, además de reglamentar la disposición
constitucional antes señalada, se homologa el actuar de las autoridades
competentes, y se definen las reglas para la protección de las personas que
pudieran ver afectado su patrimonio, a través del ejercicio de su derecho de
audiencia.
“Con base en el replanteamiento
constitucional en materia de extinción de dominio, la iniciativa establece
disposiciones de observancia general y de orden público en toda la República
mexicana y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas
competencias, la cual quedará definida según se trate de la jurisdicción que
deba conocer de las investigaciones de las conductas delictivas detalladas por
el artículo 22 de la Constitución”, se refiere.
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