OHL y el
Gobierno del Edomex pagaron campaña negra contra AMLO en 2018, dice Santiago
Nieto.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago
Nieto, denunció esta mañana una red de empresas que financiaron la campaña
negra en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el
proceso electoral 2017-2018. Y anunció que una de ellas es OHL México, y que
también hubo recursos de un programa del Gobierno del Estado de México con los
que se financiaron la creación de la serie “Populismo en América”.
Santiago
Nieto detalló que el caso será denuncia
ante la Fiscalía de Delitos Electorales y también se dará vista al Instituto
Nacional Electoral (INE).
El Presidente López Obrador aseguró
que decidieron hacer público este caso para dejar en claro que se acaba en el
país “la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos y el fraude
electoral”.
“Es algo que queremos aportar como un
logro de la Cuarta Transformación […] nunca más un fraude de los que se han
padecido históricamente”, indicó.
LA RED.
El jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera precisó que en esta red se identificó a dos sujetos, Alejandro Jesús
Quintero Iñiguez, y otra persona identificada como Piña, quienes recibieron
recursos de diversas empresas, e incluso del Gobierno del Estado de México,
para realizar el proyecto de “Populismo en América”.
Precisó que se estableció que el
Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de
Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V.
Esta sociedad anónima, agregó, fue
participe en la guerra sucia contra el hoy Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Detalló que el sistema financiero
mexicano reportó a las empresas mencionadas porque su operación está fuera de
su perfil transaccional. Porque las operaciones efectuadas hacen que no haya
permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de
empresas fachadas utilizadas para desvías recursos públicos.
Añadió que se identificó que el Bufete recibió 186
millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2 mil 500 millones
provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del
Gobierno del Estado de México “sin una aparente justificación”.
“A partir de estos recursos del
Bufete eran entregados a las empresas que se encargaron del proyecto Populismo
en America”, denunció y precisó que se investiga que si otros elementos
relacionados con la campaña negra contra López Obrador también salieron de
estos recursos.
Dijo que estas sociedades también
recibieron 3 millones 600 mil pesos de Kimgo Servicios Empresariales y 14
millones de Servicios Administrativos Peñoles.
Mostraron un mapa de las empresas de
dónde provino el dinero, el cual se concentró en Quintero y Piña quienes fueron
los encargados de llevar a cabo el proyecto de “Populismo en América”.
Destacó que la Ley prohíbe que empresas particulares
entreguen dinero para hacer proselitismo a favor y en contra de candidatos. Por
ello, recalcó, se dará vista al INE para que en el marco de sus facultades
determine lo que corresponde y se presentará la denuncia ante la Fiscalía de
Delitos Electorales y otra por eventual lavado de dinero.
Durante la
campaña presidencial, camiones con la
imagen de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo Chávez circularon por la Ciudad
de México para anunciar una serie documental llamada “Populismo en América
Latina” que contendría un capítulo sobre el morenista y Hugo Chávez.
La difusión de la producción provocó
críticas y una fuerte polémica porque aún sin tener garantizado que sería
transmitida en algún canal, los productores pagaron camiones en los que se
exhibía López Obrador junto a otros ex presidentes.
A una semana
de la elección, el 1 de julio pasado, seguía sin saber si se transmitiría. La
información contenida en la página de Internet de La División, la casa productora del documental liderada
por Javier García Mata, fue borrada y al ingresar al dominio ladivision.com.mx
sólo se podía leer: “La División Próximamente”.
SOBRE LAS
REFORMAS: Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación, recordó que las reformas a la constitución aprobadas
durante los primeros 100 días de Gobierno son: la creación de la guardia
Nacional; la extinción de dominio; y la prisión preventiva oficiosa para más
delitos.
Señaló que el ajuste del marco
jurídico es también parte del plan para garantizar la seguridad y bienestar de
todas y todos los ciudadanos.
Recordó que la Guardia Nacional
integrará a la Policía Federal y a las policías del Ejército y Marina. Destacó
que el proceso de la aprobación de la reforma de la Guardia fue aprobada por
127 senadores, porque hubo una inasistencia, y por la mayoría de la Cámara de
Diputados, donde hubo un sólo voto en contra y 36 inasistencias, así como en la
totalidad de los congresos locales.
Para la de
extinción de dominio, dijo, se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de
delitos sujetos a la extinción de dominio, para incluir hechos de corrupción,
encubrimiento, extorsión, huachicol y delitos cometidos por servidores
públicos.
Recordó que se creará una institución
que administre los recursos decomisados.
En materia de prisión preventiva
oficiosa, detalló, se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos
para que se orden prisión preventiva: corrupción, huachicol, delitos
electorales, y también otros como abuso sexual contra menores, feminicidio,
desaparición forzada, robo a casa, robo a transporte de carga y uso de armas,
añadidos por el Congreso federal.
Sánchez
Cordero indicó que ahora se dará paso a
expedir las leyes secundarias para estas reformas. Indicó que en materia de
Guardia Nacional se tienen las leyes secundarias para una nueva ley de Guardia,
una nueva ley de uso de la fuerza; otra de registro de detenciones; y las
reformas a la ley general del sistema nacional de seguridad pública.
Para las leyes secundarias de la
reforma de prisión preventiva oficiosa se tendrá que reformar el código
nacional de procedimientos legales.
Zoé Robledo,
Subsecretario de Gobernación, precisó
que el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas tres reformas
constitucionales fue distinto y con un principio de parlamente abierto, donde
se escucharon a especialistas, mandatarios, académicos, funcionarios, entre
otros.
“EN todo momento lo que privó fue el
dar una respuesta a los mexicanos en el tema de inseguridad”, dijo. Y destacó que no se tiene
registro previo de otro reforma que haya tenido tanto respaldo como la de la
Guardia Nacional en los congresos locales y de legisladores.
Y dijo que lo que viene con las leyes
secundarias es igual de relevante. De 2000 a la fecha, 17 reformas que tuvieron
mandato de leyes secundarias siguen pendientes; pero dijo que en este caso no
“hay espacio para la simulación”, por lo que dijo en las próximas 14 sesiones
que quedan al período legislativo serán intensas para trabajar en las leyes
secundarias.
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