Por Noé
Zavaleta.
Expolicías estatales e integrantes
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente responsables de la
desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca en el sexenio de Javier Duarte
fueron exonerados por un juez federal por el delito de delincuencia organizada.
Sin embargo,
continuarán en prisión por las
acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos
de “desaparición forzada” y posterior asesinato.
En un
comunicado la FGE explicó que un juez
federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en el
caso de la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes originarios de
Playa Vicente.
“A estas 21 personas la Fiscalía
General de la República (antes PGR) les investigó y acusó por los delitos
federales de delincuencia organizada y otros, de los cuales por resolución del
juez federal se determinó no acreditarse el delito.
“Sin embargo, es importante señalar que estas 21 personas no quedarán libres, ya que
la Fiscalía los tiene sujetos a sendos autos de formal prisión, por su probable
participación en los delitos de homicidio y de desaparición forzada en contra
de los jóvenes de Tierra Blanca”.
La Fiscalía
General de Justicia del Estado de Veracruz reiteró
“el compromiso moral” ineludible que tiene con los padres de familia,
familiares y amigos de los jóvenes asesinados, para que en este caso se haga
justicia y no impere la impunidad.
El caso de José Benítez de la O, de
24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25;
Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años “levantados” por
policías estatales y entregados a integrantes del CJNG en enero del 2016
sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país.
En
entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de
los cinco jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de
que les regresarán con vida a sus hijos. Dos semanas y media después, se
confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.
Bernardo Benítez, padre del joven del
mismo nombre ha recriminado en diversas ocasiones que de nada sirve que haya 21
responsables -entre policías estatales, civiles e integrantes del CJNG- con
prisión preventiva, si ni uno solo ha recibido sentencia, y peor aún -atajó-
que con su alto nivel de peligrosidad se encuentren recluidos en penales de
mediana seguridad como los de Cosamaloapan y el Duport Ostión de Coatzacoalcos.
Fustigó el “estancamiento” y
“abandono” en que la PGR dejó el caso, una vez que los medios nacionales e
internacionales dejaron de dar seguimiento al caso.
Dijo que hoy hay un luto difícil de “explicar con
palabras” en cinco familias de Playa Vicente.
“Hay mucha rabia e impotencia, no se
puede uno olvidar (de los jóvenes), día a día, a cada hora, a cada minuto, te
vienen a la mente”,
lamentó.
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