Por Sara
Pantoja.
Desde el 30
de noviembre de 2018, la Contraloría
Interna del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México emitió seis
observaciones que hacen inviable el cumplimiento de las demandas de los
vulcanos -identificados con el líder sindical Ismael Figueroa- que, por segunda
vez en esta semana, bloquearon vialidades principales en la ciudad.
Este
miércoles, integrantes del agrupamiento
identificados con el líder sindical -sobre quien pesan denuncias penales y de
violación de derechos humanos- cerraron la calzada de Tlalpan, a la altura del
metro San Antonio Abad, donde se encuentra la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo del gobierno capitalino.
El pasado lunes bloquearon el
Periférico Sur, Tlalpan e Insurgentes. En esta última se instalaron durante más
de 16 horas.
Su protesta
ha sido la misma: el pago y el respeto
de plazas a 330 personas que presuntamente fueron contratadas por el gobierno
de José Ramón Amieva, pero que la gestión de Claudia Sheinbaum aseguró que fue
“un engaño”.
De acuerdo
con el oficio SCGCDMX/CIHCB/505/2018, al que apro tuvo acceso, la Contraloría Interna de los Bomberos
presentó los resultados de la intervención R-5/2018 y realizó las siguientes
seis observaciones:
El director del HCB no tiene
facultades para comprometer plazas ni la asignación de recursos que implique su
contratación; y no se tiene evidencia de las autorizaciones para la creación de
plazas por la Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor.
Más: el HCB no tenía la disponibilidad
presupuestal suficiente para la creación de las 330 plazas; el proceso de
selección de candidatos se basó únicamente en la propuesta del Sindicato; las
330 plazas comprometidas por el entonces director general, Jorge Cortés, no
tenían el perfil requerido para la contratación; y de las 330 plazas
comprometidas, sólo ingresaron los expedientes de 322 candidatos por carecer de
documentación obligatoria para formalizar la relación laboral con el organismo.
Además, desde el 5 de octubre de 2018, mediante
oficio SCGCDMX/CIHCB/392/2018 la Contraloría Interna notificó la orden de intervención
R-5/2018 denominada “Contratación de Personal Técnico Operativo” y solicitó la
suspensión de todo tipo de contratación de personal técnico operativo bombero,
así como las gestiones para la contratación.
Actualmente, la auditoría sigue vigente y se debe
esperar a la determinación de posibles sanciones a los servidores públicos
involucrados.
Piden algo “Ilegal”
Según Juan
Manuel Pérez Cova, actual director del HCB, “las observaciones de la Contraloría Interna dicen que el director del
organismo no cuenta con facultades para comprometer la creación de las plazas
ni comprometer recursos que impliquen su contratación”.
No obstante, “la representación sindical sigue
presionando que se mantenga la irregularidad. Eso nos pondría en un esquema de
irregularidades. El sindicato propone seguir con algo ilegal”.
En
entrevista con apro, el funcionario
explica que, con base en estas observaciones, pero con la perspectiva de
derechos humanos, el gobierno capitalino ha mantenido el diálogo con algunas de
las 330 personas involucradas en esta situación, que no necesariamente son las
mismas que se manifestaron el lunes y este miércoles, y les ha ofrecido
alternativas de solución.
El pasado
lunes, tras las manifestaciones que
pusieron en jaque el sur y el centro de la ciudad, autoridades e involucrados
llegaron al acuerdo de revisar de manera individual cada caso, con la
intervención de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y ante la presencia de
la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), para ofrecerles convenios de
solución en los que les pague un finiquito por los días que trabajaron y
asistieron a las instalaciones de los bomberos.
La medida implica la firma de un
convenio que compromete un pago de entre 70 mil y 80 mil pesos a cada uno
-dependiendo de las audiencias y las conciliaciones-, a cambio de desistir en
su intento por obtener una plaza que, insiste el funcionario, no tiene
posibilidades de crear. El convenio libera de responsabilidad al HCB.
Según el
directivo, hasta el momento han aceptado
entre 30 y 40 personas y es posible que al paso de los días se sumen más.
Pérez Cova recuerda que, a partir del 1 de octubre de
2018, el anterior director les permitió el acceso a las instalaciones. “Ahí fue
cuando empezó el conflicto”, dice.
No obstante,
al entrar la nueva administración el 5
de diciembre de 2018, la dirección instruyó que las personas involucradas no
salieran a cubrir ninguna emergencia, ya que no han recibido capacitación ni
tienen seguro de vida, precisamente por la irregularidad en la que se
encuentran.
“Nadie de los 330 tiene un contrato,
ni cobertura de seguro, nadie tiene una plaza asignada”, aclara y reconoce que
el Cuerpo de Bomberos “sí tiene una responsabilidad” en el conflicto, pero
justo por ello ya intervino la Contraloría Interna y se trabaja en la solución.
“En una perspectiva de derechos
humanos, teniendo como interés supremo el hecho de que las personas
involucradas no tenían por qué ser expertas de los procesos y gestiones de
contratación, son respaldadas por el gobierno capitalino y estamos trabajando
para darles una salida legal, viable y sostenible”, afirma.
No obstante,
el directivo reconoce que, ante la
resistencia del Sindicato General de bomberos, dirigido por Ismael Figueroa, de
reconocer estos acuerdos entre los trabajadores involucrados y el gobierno
capitalino, es posible que durante los próximos días se sigan presentando
manifestaciones y bloqueos en las vialidades de la capital.
Pero aclara
que la atención de emergencias está “totalmente garantizada”.
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