Por Armando
Guzmán.
El gobierno
morenista de Adán Augusto López alista
demandas penales contra exfuncionarios nuñistas ante un presunto desfalco de
tres mil 600 millones de pesos.
“Había mucha corrupción, más de lo
que nos imaginamos”, ventiló el mandatario estatal e informó que de acuerdo a
las auditorías realizadas, hasta el momento el posible desfalco del anterior
gobierno perredista de Arturo Núñez sería de 3, 600 millones de pesos.
Dijo que donde haya irregularidades
se presentarán las denuncias correspondientes, sin espectacularidades, porque
“no queremos presentar denuncias que no se puedan probar”.
“Tenemos algunas documentadas y se
van a presentar en dos semanas”, adelantó.
Manifestó que la recién creada Unidad
de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado ya trabaja en casos de
desviación de recursos de exfuncionarios nuñistas, y “muy de la mano” con la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se realizan auditorías externas al
saliente gobierno.
Sobre los 13 mil 219 delitos que la
anterior Fiscalía General del Estado (FGE) omitió reportar en 2018 al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Adán Augusto López respondió:
“Yo creo es que les interesaba
mantener engañada a la ciudadanía. Imagino que la sanción administrativa irá en
torno a la inhabilitación de funcionarios. Y las sanciones penales podrían
merecer hasta sanción corporal. Lo que acabamos de encontrar es que en la FGE
se escondió esta información”.
Respecto a la ola de violencia que
azota la entidad, el gobernador morenista actualizó cifras y reconoció que el
pasado fin de semana hubo 13 ejecuciones, en su mayoría, aseguró, relacionados
con temas ilícitos que obedecen al ámbito federal, por lo que se refuerza la
coordinación para brindar mayor seguridad.
Reiteró que en seis meses se
empezarán a ver resultados contra la inseguridad y en 45 días entregará equipamiento
y patrullas para fortalecer las labores de vigilancia.
Además, se capacitan otras generaciones de policías
y pronto estará funcionando el C-5 (Centro de Control, Comando, Comunicación,
Computo y Calidad), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), para mayor capacidad de respuesta ante actos ilícitos.
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