Consulta gansito.

Por Francisco Ortiz Pinchetti.

Ni el asesinato del activista Samir Flores Soberanes en Morelos, opositor a la operación de una planta termoeléctrica en Huexca, hizo desistir a Andrés Manuel López Obrador de imponer una decisión ya tomada con el supuesto aval de una consulta popular, sin ningún sustento legal, a realizarse este fin de semana.

Esta es la tercera ocasión que recurre al expediente de “que sea el pueblo sabio el que decida”, pero la primera en que lo hace ya en calidad de Presidente de la República. Esto la hace diferente, de entrada. Y aunque se trata de un ejercicio igualmente aberrante, me parece que hay además diferencias sustanciales con las dos anteriores, conocidas como “consultas patito”. Con la primera justificó según él la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con la segunda presumió apoyo abrumador a la construcción del Tren Maya y otros ocho proyectos de infraestructura en el país.

En esta ocasión, en cambio, impone abiertamente la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a contrapelo de las comunidades indígenas y campesinas que rechazan ese proyecto por considerar que significa una amenaza para sus tierras de cultivo al despojarlas del agua indispensable para el riego. Temen además un grave daño ecológico y el riesgo a sus vidas por la operación de un gasoducto que atraviesa sus comunidades.

Según entiendo, la planta termoeléctrica forma parte del PIM y se encuentra en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, al oriente de la entidad. Está prácticamente terminada y en ella se han invertido más de 20 mil millones de pesos. El PIM incluye además el mencionado gasoducto que atraviesa por los estados de Tlaxcala y Puebla, así como un acueducto que transportaría dos mil 500 litros de agua por segundo, para enfriar las turbinas de la planta.

El problema es que esa agua pretende tomarse de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla. Actualmente este líquido engrosa el caudal del Río Cuautla, mismo que garantiza la agricultura en ejidos de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y otros municipios, donde hay unos seis mil 200 ejidatarios.

Los campesinos aseguran que si el agua de la planta tratadora es desviada a la termoeléctrica, el caudal no alcanzará para regar las parcelas de miles de productores. Y mientras las autoridades argumentan que el agua “sale más limpia de como entró”, los campesinos sostienen que el líquido “queda inservible”.

Entre los líderes regionales que encabezan la resistencia contra el proyecto estaba el fundador de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), Samir Flores Soberanes, de 32 años. Era propietario también de una radiodifusora comunitaria y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala. Al amanecer del pasado martes 19 de febrero fue asesinado de dos balazos a las puertas de su casa, en el poblado de Amilcingo.

López Obrador condenó ese asesinato “vil y cruel” y ofreció su esclarecimiento. Sin embargo, no cedió en cuanto la realización de la votación: “La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea (…) no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen…”. E insinuó: “A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta (…) Tenemos que tener todos los elementos…”.

Días antes, el Presidente había enfrentado durante un mitin en Cuautla a los opositores del proyecto con una vehemencia ya frecuente en su conducta actual. Les llamó “radicales de izquierda” y dijo que para él “no son más que conservadores”. Advirtió que “aunque haya gritos y sombrerazos, será el pueblo el que decida a través de una consulta”.

Independientemente de la necesidad y la viabilidad de la mencionada planta, los argumentos de los campesinos de la zona, a quienes apoyan diversas organizaciones civiles e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) merecen ser tomados en cuenta. AMLO opta sin embargo por atribuir “al pueblo” la decisión a través de una consulta ciudadana.

Esta vez, no recurre ya a la Fundación Arturo Rosenblueth para organizar el conteo, sino que se lo adjudica sin más a la Secretaría de Gobernación sin precisar el área que asumirá esa tarea, ni la metodología y la logística que puedan dar alguna certeza de veracidad al resultado. El Instituto Nacional Electoral (INE), ha aclarado que no tendrá ninguna participación en esa consulta, dado el carácter inconstitucional de la misma.

Es evidente que el ejercicio supuestamente democrático se llevará a cabo de manera improvisada y precipitada, sin información suficiente, sin justificación legal y sin un mínimo de certeza. Sólo se ha informado que la consulta se efectuará el sábado 23 y el domingo 24 de febrero y que abarcará 37 municipios de Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala.

Los resultados serán por supuesto inapelables –e incomprobables– y su sentido ya podemos imaginarlo. La planta termoeléctrica será puesta en operación a la brevedad. Me canso ganso.