La empresa III Servicios S. A. de C.
V., filial no paraestatal de Pemex y dedicada a la construcción inmobiliaria,
fue la encargada de comprar de manera directa 500 pipas para distribuir
combustible en el país y cuyo sustento jurídico es un memorándum del presidente
Andrés Manuel López Obrador en el que instruye a cuatro dependencias de
gobierno a realizar la compra “inmediata”.
Al ser una filial, III Servicios, S.
A. de C. V. no está obligada a realizar
contrataciones por licitación como el resto de las entidades de la
administración pública, pues se rige “bajo régimen especial de la Ley de
Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado”, es decir, por derecho
mercantil y no por la Ley de Adquisiciones.
Esto forma parte de la información
entregada por la Secretaría de la Función Pública a una solicitud de
información realizada por Animal Político vía transparencia, en la que se pidió
la documentación que explicara y justificara legalmente la decisión de hacer
una asignación directa en lugar de una licitación para la compra de pipas.
En la
respuesta, la dependencia entregó el
memorándum firmado por el presidente el 18 de enero pasado, un estudio de
mercado, verificación de proveedores sancionados y dos informes de”
transparencia en el proceso de adquisición de los auto-tanques para el
transporte de combustible”.
En este
último se informa que “el área
contratante es III Servicios, S.A. de C.V., empresa filial no paraestatal de
PEMEX, bajo régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho
privado (…) en este sentido, la contratación en comento se rige por
disposiciones de derecho privado”.
Esto la excluye incluso de la
obligación de realizar adquisiciones y contrataciones “en términos de los
dispuesto en el artículo 134 Constitucional”, establecida en la Ley de
Petróleos Mexicanos sólo para Pemex y las empresas productivas subsidiarias. En
dicho artículo se establece que “los recursos económicos de que dispongan la Federación
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Dicha
empresa fue la responsable de la
construcción de la Estela de Luz y junto con Banjército fue denunciada
penalmente en 2012 por un posible millonario daño patrimonial por irregularidades
como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública,
por lo que acabó triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas.
Incluso, el exdirector de la empresa, Agustín Castro
Benítez, fue inhabilitado por 12 años por la Función Pública debido a las
irregularidades.
Aunque la Función Pública informó que “revisó el
objeto social del área contratante I.I.I Servicios S.A. de C.V.”, de acuerdo
con su página de internet, la empresa no es especialista en hidrocarburos sino
que ofrece servicios para la construcción, desarrollo y regularización
inmobiliario, administración y mantenimiento, supervisión de obra, tecnología
de la información y consultoría, según se informa en su página de internet.
También se explica que III Servicios al ser una
filial directa de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) tiene
“capacidad técnica especializada de inversión, proyecto y desarrollo en el
mercado inmobiliario, orientadas a la generación de valor de los bienes
inmuebles propios y de terceros, con el fin de brindar soluciones y atender la
demanda asociada al desarrollo de la industria petrolera y otras industrias
públicas y privadas”.
Por ello es que entre los proyectos
realizados está el muelle la Paz, en Baja California Sur, el Jardín Torre
Pemex, la remodelación de las Oficinas Corporativas en la Ciudad de México; la
colonia Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y el edificio Pirámide en
Villahermosa, Tabasco.
Mientras que los proyectos en curso
incluyen 654 hectáreas de terrenos con vocación industrial, 763 viviendas, 30
mil m2 de oficinas y 635 estacionamientos, según informa en su página de
internet.
El
memorándum del Presidente.
El 15 de
enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia
la compra de 500 pipas para el transporte de hidrocarburos como parte del plan
de combate al huachicol y para enfrentar la emergencia de desabasto.
Tres días después, el 18 de enero,
envió un memorándum a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Irma
Eréndira Sandoval, titular de Función Pública; Graciela Márquez, secretaria de
Economía y a Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda,
instruyéndolos a elegir a los proveedores en los dos días siguientes.
Les dice que “por tratarse de un
asunto de emergencia, de conformidad con las leyes y en uso de mis facultades,
les instruyo para proceder de inmediato a la compra de los auto-tanques necesarios,
para lo cual se dispone de presupuesto suficiente y de la disponibilidad
expedita de recursos”.
El desabasto
de combustible ocurrido a inicio de año ocurrió luego de la decisión del
Presidente de suspender la transportación de hidrocarburos en algunos ductos
como parte de la estrategia contra el huachicol, es decir, del robo de
combustible. Esta situación fue calificada por el Presidente como “emergencia”
y debía atenderse rápido.
Para los casos de emergencia, la Ley
de Adquisiciones prevé la contratación o compra de insumos mediante “asignación
directa”, como una excepción a la licitación pública, es decir, el concurso de
proveedores para elegir al que ofrezca las mejores condiciones.
En el
artículo 41 establece que “derivado de
caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o
conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.
Aunque Animal Político solicitó el
sustento jurídico de la decisión, la Función Pública entregó el memorándum del
Presidente como el documento que dio origen a la decisión y no algún análisis
de la emergencia o la viabilidad de resolverla a través de la compra de los
carro tanques.
En el
memorándum, el presidente expone que el
“plan de emergencia denominada DN3-Para el abasto de combustibles es un asunto
de seguridad nacional. El Estado Mexicano no puede estar sometido a ningún
poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o
presiones de la delincuencia organizada”, expone el presidente en el
memorándum.
En el documento, pide a los
secretarios de Estado “cerciorarse que existan las unidades y que se garantice
la entrega inmediata. En ello ayudará mucho las visitas a las plantas o centros
de distribución, así como la buena reputación y el compromiso ético que
distinga a las empresas”.
Mientras que en uno de los Informes
de Transparencia, firmado por la titular de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, informa que “el tiempo fue un factor preponderante que no permitía la
compra a través de una Licitación Pública regulada por la Ley de
Adquisiciones”.
Por lo
tanto, la secretaria fue instruida por
el Presidente a “presenciar que se cumplieran los mismos protocolos de
integridad y legalidad aplicados a estos procedimientos tradicionales de
contratación, con objeto de asegurar para el Estado las mejores condiciones de
precio, calidad, oportunidad y tiempos de entrega que favorecerán al interés
público y redundaran en un beneficio para los recursos del erario público”.
Elección en
tres días.
El 18 de
enero, la misma fecha del memorándum del
Presidente, una delegación de funcionarios estuvieron en el Consulado General
de México en Nueva York con 22 posibles proveedores a quienes les explicaron
las características de los auto tanques requeridos y el mecanismo de
contratación, según se advierte en el Informe de transparencia de la Secretaría
de la Función Pública.
Ese mismo día se realizó “la
recepción de cotizaciones por parte de 14 oferentes” y personal de Pemex revisó
“el cumplimiento de las especificaciones técnicas”.
El sábado 19 de enero se llevó a cabo
una segunda sesión, en donde la comisión de funcionarios “dio a conocer a todos
los oferentes que presentaron cotización el precio de referencia, con la
finalidad de obtener ofertas con precios más bajos y competitivos, asimismo, se
solicitó considerar las fechas de entrega inmediata”.
Al día
siguiente, el 20 de enero de 2019, se
anunció a él “el resultado de la selección, las cantidades y montos asignados”.
La Secretaría de la Función Pública revisó en el directorio de proveedores y
contratistas sancionados que las empresas elegidas no se encontrarán
inhabilitadas o contarán con antecedentes de sanción.
Mientras que
el martes 22 de enero, la delegación de
funcionarios de la Secretaría de Economía viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua para
verificar “la existencia física de la planta de fabricación de una de las
empresas seleccionadas en el proceso de compra, con lo que se busca evitar la
simulación y contratación de empresas fantasma”.
De acuerdo
con el Presidente, la adquisición de pipas permitirá la transportación de 200
mil barriles diarios de combustibles, lo que aumentaría la capacidad de
transportación en 25%, lo que permitiría abastecer con un margen de suficiencia
en todas las estaciones de distribución.
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